Planeación
Cómo se definen las prioridades del municipio: planes de desarrollo, planes de inversión y la forma en que se decide en qué se gasta.
Es el mecanismo democrático que nos permite a los ciudadanos vigilar la gestión pública: cómo se planea, cómo se contrata y cómo se gastan los recursos de todos. En Cisneros lo ejercemos todos los días.
La Ley 850 de 2003 creó y reguló las veedurías ciudadanas en Colombia. En su Artículo 1 las define como un mecanismo democrático de representación que les permite a los ciudadanos y a las organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública.
Esa vigilancia recae sobre las autoridades y entidades públicas, pero también sobre las entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o de cualquier tipo que administren recursos públicos o presten un servicio público. Dicho de otra forma: donde haya dinero del Estado o un servicio que recibe la comunidad, la ciudadanía tiene derecho a mirar, preguntar y exigir cuentas.
No es un favor que nos hacen ni una concesión de la administración. Es un derecho reconocido por la ley, parte del control social que complementa el control institucional del Estado.
La ley nos habilita para seguir de cerca todo el ciclo de la gestión pública, desde que se planea hasta que se entrega la obra o el servicio.
Cómo se definen las prioridades del municipio: planes de desarrollo, planes de inversión y la forma en que se decide en qué se gasta.
Los recursos asignados a cada sector, su origen y la manera en que se distribuyen entre las necesidades de la comunidad.
Los procesos contractuales: cómo se adjudican, a quién, en qué condiciones y si cumplen con las reglas de la contratación pública.
La ejecución de obras públicas y la prestación de servicios: qué se prometió, qué se construyó y con qué calidad se entregó.
El destino de los dineros públicos en general: su correcta administración, ejecución y rendición de cuentas.
Si lo planeado se cumplió y si la inversión realmente mejoró la vida de las personas en el municipio.
La vigilancia ciudadana no se limita a revisar lo que ya pasó. La ley reconoce dos momentos para actuar:
Es la que se ejerce antes y durante la gestión. Permite advertir a tiempo posibles riesgos, hacer recomendaciones, pedir información sobre un proyecto que apenas comienza y prevenir que las cosas salgan mal. Es la vigilancia más valiosa, porque corrige antes de que el daño ocurra.
Es la que se ejerce después de ejecutada la gestión. Revisa resultados, verifica si una obra quedó bien hecha, si el servicio se presta de forma adecuada y si los recursos se usaron como debían. Cuando encuentra irregularidades, las pone en conocimiento de las autoridades de control.
La Ley 850 establece un conjunto de principios que orientan el trabajo de las veedurías y garantizan que su labor sea seria, justa y útil.
Promover la participación amplia de la comunidad en los asuntos públicos.
La veeduría actúa de forma independiente, sin presiones ni subordinación a la administración.
El acceso a la información pública es la base de todo el control social.
Todos los ciudadanos pueden ejercer la vigilancia en igualdad de condiciones.
El veedor responde por sus actuaciones y debe obrar de buena fe.
La vigilancia busca resultados concretos que mejoren la gestión pública.
Los análisis se basan en hechos, datos y pruebas, no en opiniones o intereses.
Toda actuación se enmarca en la Constitución y la ley.
La ley le asigna a las veedurías un conjunto de funciones concretas para que su vigilancia tenga efecto:
El derecho central de una veeduría es acceder a la información sobre los planes, programas, proyectos, contratos y recursos sujetos a vigilancia. La ley establece que esta información es de obligatoria respuesta por parte de las entidades: no pueden negarse a entregarla cuando se solicita de manera formal y con un fin de control social.
Cuando solicitamos por escrito información sobre un contrato, una obra o el uso de recursos públicos, la entidad está obligada a responder. Negar o demorar esa respuesta sin justificación es una falta que también puede ponerse en conocimiento de los órganos de control.
La autonomía viene acompañada de responsabilidades. Entre los deberes de una veeduría están:
Es importante entender los límites del control social. Una veeduría ciudadana no reemplaza a la Contraloría ni a la Procuraduría ni a ningún otro órgano de control del Estado. No sanciona, no investiga con poderes disciplinarios ni fiscales, y no sustituye a las autoridades.
Lo que hace es complementar ese control institucional con la mirada permanente de los ciudadanos. La veeduría vigila, documenta, pregunta y, cuando encuentra algo irregular, lo pone en manos de quienes sí tienen la facultad de sancionar e investigar.
La ley establece un régimen de prohibiciones e impedimentos para garantizar la imparcialidad. Un veedor no puede vigilar asuntos en los que tenga un conflicto de interés: por ejemplo, contratos en los que él, su familia o sus socios participen, o asuntos de los que pueda obtener un beneficio particular. La veeduría se ejerce en interés de la comunidad, nunca en provecho propio.
La vigilancia ciudadana no es un instrumento para atacar a personas ni para hacer política. Se basa en hechos, fuentes y documentos, y busca que la gestión pública funcione mejor para todos los habitantes del municipio.
La Veeduría Ciudadana de Cisneros ejerce estas funciones en nuestro municipio: vigilamos la planeación, la contratación, las obras y los recursos públicos, solicitamos información a las entidades y comunicamos a la comunidad lo que encontramos. Somos una veeduría independiente y autónoma, abierta a todos los habitantes. Cualquier persona puede sumarse y participar: conoce más en quiénes somos.
La Ley 850 de 2003 sigue siendo la base que regula las veedurías ciudadanas en Colombia. Algunos de sus artículos fueron modificados posteriormente por la Ley 1757 de 2015, que ordenó y fortaleció en general los mecanismos de participación democrática. Para conocer el texto exacto y actualizado, consulta las fuentes oficiales que listamos a continuación.
Si conoces una obra, un contrato o un servicio que merece atención en Cisneros, cuéntanos. El control social empieza con una ciudadanía informada y participativa.